Algunos factores
que lo describen.

La rigidez y desactualización del Estatuto Administrativo que regula el empleo público desde 1989, ha incentivado el crecimiento de otros regímenes laborales – contrata, honorarios, funcionarios de confianza política – cuyo funcionamiento en paralelo ha redundado en ineficiencias, baja adaptabilidad a los cambios, captura política y desprotección de la estabilidad y oportunidades de los funcionarios públicos comprometidos y de buen desempeño.

Estas falencias se expresan en todo el ciclo laboral del funcionario público -selección, permanencia, evaluación y capacitación – y han dificultado una gestión de excelencia, centrada en el ciudadano y adaptable a los cambios.

La alternancia en el poder, luego de 20 años de gobiernos de la Concertación dejó al descubierto una debilidad del Estado que antes no era visible: los nombramientos políticos eran muchos más que las autoridades de gobierno y sus equipos de confianza.

Este recambio inmoviliza al Estado, genera fuertes pérdidas de conocimientos adquiridos y lecciones aprendidas. Incluso, los cargos directivos sujetos a ADP han mostrado alta rotación.

Nuestro orden institucional no cuenta con herramientas adecuadas para optimizar la evaluación, diseño, ejecución e impacto de las políticas públicas. Los escasos mecanismos que persiguen la consecución de estos objetivos adolecen de deficiencias o resultan insuficientes, lo que repercute negativamente en la calidad y oportunidad de las decisiones, pero también en los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Un Estado que no racionaliza la forma en que genera nuevas regulaciones, justificando la razón por la que se eligió esa política pública e identificando el objetivo que busca que cumpla, muy posiblemente fracasará en resolver los problemas de sus ciudadanos. Del mismo modo, un Estado que no revisa periódicamente sus regulaciones vigentes y las somete a un cuestionamiento riguroso con miras a mejorar y replantear aquellas regulaciones que no cumplen sus resultados, dilapida recursos que podrían destinarse a mejorar la vida de las personas. Evaluar se convierte entonces en un imperativo de un Estado eficiente, uno que en Chile todavía tiene un enorme espacio para avanzar.

El ambicioso proceso de descentralización política que dio inicio Chile en 2022 con la primera elección de Gobernadores Regionales ha demostrado no haber sido diseñado de forma adecuada. A estas nuevas autoridades políticas no se las acompañó de capacidades y recursos que le dieran un correlato administrativo y financiero a este esfuerzo político por empoderar a los gobiernos subnacionales.

Junto con esto, muy pocas obligaciones correlativas y exigentes a los gobiernos regionales y locales, tampoco reglas de transparencia ni obligaciones de rendición de cuentas. No es de extrañar entonces los casos de malas prácticas y corrupción que han tenido lugar en ellos en los últimos años.

Un sistema electoral que fomenta el personalismo y desincentiva las propuestas programáticas, unido a la creciente fragmentación, han hecho perder representatividad y gobernabilidad, dificultando la construcción de acuerdos de nuestro sistema presidencial. Junto con esto, el debilitamiento de los partidos políticos y las crecientes dificultades para mantener disciplina interna y los cada vez menores costos para quienes se sitúan al margen de los partidos solo han agravado la situación.

Otros factores globales como la polarización o la desinformación aumentan la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entre los propios legisladores, desincentivan los acuerdos y la incorporación del conocimiento y de la ciencia en el proceso legislativo, obstaculizando el avance de proyectos importantes.

A pesar de que los indicadores objetivos como el “Civil Society Participation Index”, donde Chile se ubica en el puesto 25 de 179 países, muestra un nivel destacado de involucramiento ciudadano en la toma de decisiones, persiste una sensación de desconexión entre los representantes y la ciudadanía o las organizaciones intermedias representativas, y de una alta dificultad de incidir en la agenda pública y las tomas de decisiones.

Junto con esto, cuando se abren espacios de participación, se aprecian crecientes niveles de captura por parte de intereses particulares diversos que muchas veces no explicitan sus objetivos finales.

La calidad del debate legislativo en Chile es baja. Al interior del Congreso Nacional no se lleva a cabo un análisis de impacto de las políticas públicas que se discuten. Proyectos de ley complejos y con repercusiones muy relevantes vienen acompañados de escasos antecedentes que respalden la necesidad de incorporar una política pública o que justifiquen la opción por una determinada herramienta.

Esta falta de análisis de impacto regulatorio, de un proceso de debate legislativo robusto con una adecuada participación de las partes interesadas, recepción de opiniones expertas y deliberación de calidad y transparente repercute en legislación que muchas veces genera efectos que no se tuvieron a la vista durante el debate.

El sistema político chileno enfrenta serios desafíos debido a la debilidad institucional de los partidos políticos, su desconexión con la ciudadanía y la prevalencia de prácticas personalistas incentivadas por el sistema electoral. La creciente fragmentación partidaria, la falta de cohesión interna, su incapacidad para adaptarse a una sociedad menos intermediada y politizada han incrementado los costos de negociación, dificultado la aprobación de reformas de largo plazo.

Un sistema presidencial como el chileno requiere de una capacidad de articular mayorías para reformas concretas si quiere funcionar de manera efectiva. Sin embargo, hoy se evidencia un sistema político donde casi un tercio de los diputados son independientes, lo que dificulta en exceso negociaciones de por sí complejas.

A pesar de la implementación de la Reforma Procesal Penal (RPP) en Chile hace más de dos décadas, las deficiencias del sistema criminal, tanto en la fiscalía como en el régimen penitenciario, persisten. Las expectativas generadas en la RPP no se han cumplido, hoy las cifras de condenas y la alta incidencia de prisión preventiva revelan que los problemas que motivaron la reforma siguen presentes.

En 2023, sólo el 7,4% de los casos ingresados en la fiscalía resultaron en sentencias definitivas, y un 37% de la población penitenciaria sigue siendo imputada, lo que refleja un sistema que, 25 años después, aún muestra graves ineficiencias en su gestión. El surgimiento o la consolidación de fenómenos criminales complejos como el crimen organizado, no han generado una adaptación de los sistemas de persecución, castigo y resguardo penitenciario.

El sistema de nombramiento de jueces en Chile enfrenta problemas de transparencia y politización. El proceso actual, que involucra tanto a la Corte Suprema como al Poder Ejecutivo y al Senado, no siempre garantiza la independencia judicial ni asegura una evaluación exhaustiva y transparente de los candidatos.

Esta falta de autonomía en los nombramientos ha posicionado a Chile en un lugar bajo en el ranking de independencia judicial dentro de la OCDE, ocupando el puesto 27 de 36 en cuanto a la influencia del gobierno sobre los jueces civiles. Esta situación puede afectar la confianza pública en el sistema judicial y subraya la urgencia de implementar reformas que fortalezcan la imparcialidad y equidad en el proceso de nombramiento de jueces.

El sistema judicial chileno enfrenta un creciente atochamiento que ha impactado negativamente su capacidad para resolver casos de manera eficiente y oportuna. Desde mediados de la década pasada, el número de causas por juez, la duración promedio de los casos y la brecha entre causas ingresadas y finalizadas han empeorado, afectando tanto a los demandantes como a los imputados.

Este fenómeno ha incrementado los tiempos de respuesta, poniendo en riesgo la legitimidad del sistema judicial y profundizando las inequidades en el acceso a la justicia, especialmente para las personas con menos recursos.

En Chile existe una percepción de desigualdad en el acceso a la justicia. Diversas encuestas recientes muestran que parte importante de la ciudadanía desconfía de la imparcialidad del sistema judicial, y cree que este no garantiza la igualdad ante la ley. La influencia de las élites y las diferencias socioeconómicas parecen ser factores determinantes en la percepción pública.

Aunque el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project muestra que Chile ocupa el puesto 25 de 142 en justicia civil, los resultados son significativamente peores en justicia penal, donde el país se sitúa en el puesto 100 en efectividad de investigaciones criminales y en el 56 respecto a la imparcialidad por factores socioeconómicos. Esto sugiere que hay aspectos fundamentales del sistema de justicia que enfrentan grandes desafíos en cuanto a su efectividad e imparcialidad, alimentando la desconfianza ciudadana y la percepción de que el acceso a la justicia está condicionado por el estatus social y la influencia.