Políticas Públicas

Algunas Políticas Públicas que emergieron del debate.

Así como en el diagnóstico se logró un amplio consenso, al desafiarnos a seleccionar las políticas públicas que podrían ser priorizadas en una primera etapa, naturalmente emergieron en la discusión una mayor diversidad de propuestas.

Esto no es un manifiesto ni un acuerdo programático

A continuación presentamos una priorización que no necesariamente representa la que cada uno de los participantes seleccionaría. No es el propósito propiciar un endoso individual ni colectivo a ellas, sino  más bien mostrar un punto de partida para activar el debate público.

Enfrentar las crisis que en Chile y el mundo experimentan el estado, la política y la justicia, trasciende cambios institucionales o regulatorios como los priorizados, pues subyacen a ellos disrupciones tecnológicas, culturales y sociales cuyo procesamiento no sólo le corresponde a las instituciones y reglas de la democracia.

Sin embargo, para comenzar a romper la inercia del deterioro que traen, reformas como estas, muchas trabajadas con anterioridad en espacios técnicos transversales, como fue la comisión experta del segundo proceso constitucional, representan una contribución relevante.

Finalmente, el ejercicio de reunirnos en este espacio de reflexión tuvo la virtud de dar luz a aquellos puntos donde existen mayores divergencias y donde debemos trabajar más para lograr mínimos comunes.

Sellos Transversales

Sí se logró converger en ciertos sellos transversales que debían cumplir las reformas a priorizar:

  1. Que propendan al reforzamiento institucional en términos de gobernanza, autonomía técnica y capacidad técnica.
  2. Que se hagan cargo de los sistemas de incentivos, las reglas y los procesos que orientan la conducta de las personas que se desempeñan en las instituciones.
  3. Que colaboren en la apertura institucional, de modo de canalizar los anhelos participativos de la ciudadanía y de las organizaciones intermedias, y al mismo tiempo recoger el conocimiento y la experiencia distribuida en ellas.

Propuestas priorizadas

Algunas propuestas posibles:
En el Estado

Propuesta 01

Nuevo régimen general de empleo público para nuevas contrataciones que regule su ciclo laboral.

Se propone un régimen integral de empleo público, que regule el ciclo laboral de los funcionarios en el Estado desde su selección – pasando por su desarrollo, capacitación, evaluación y movilidad –  hasta su desvinculación. Un régimen que garantice procesos transparentes y meritocráticos, promoviendo la profesionalización y el buen desempeño en el sector público. Velará porque se promueva la movilidad dentro de las reparticiones del estado para los funcionarios bien evaluados, tanto dentro de una repartición pública a partir de promociones y ascensos, como de forma horizontal entre reparticiones, con miras a permitir aprendizajes inter-institucionales.

Finalmente, deberá permitir la existencia de regímenes especiales según la naturaleza de las funciones y las responsabilidades de ciertos organismos específicos, asegurando espacios de flexibilidad que incentiven la eficacia del accionar estatal, cuando las circunstancias específicas así lo exigen.

Propuesta 02

Estatuto especial de funcionarios de confianza política y reestructuración de la causal de pérdida de confianza en altos directivos.

Este estatuto delimitará claramente quiénes son funcionarios de confianza política de los gobiernos, cuáles son sus responsabilidades y cuál es el régimen laboral que les aplica a este tipo de funcionarios dentro del Estado.

Junto con esto establecerá de forma clara su carácter excepcional, con las aplicaciones prácticas que esta excepcionalidad acarrea. Además, se hace necesario reconfigurar la causal de “pérdida de confianza” en los funcionarios nombrados por Alta Dirección Pública,  de manera de que no se mal utilice por criterios políticos considerando que la estabilidad y continuidad de sus funciones debe ser la regla general, en la medida que estos funcionarios cumplan con sus responsabilidades adecuadamente.

Propuesta 03

Consagración legal y fortalecimiento de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

La creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha sido reconocida de forma transversal como un avance en materia de evaluación, especialmente aquella de carácter ex post. Por lo mismo se hace necesario consolidar este avance a través de un estatuto legal propio que refuerce su autonomía y la empodere en su rol de evaluación de impacto de políticas públicas ya implementadas.

Esto permitiría mejorar de forma sustantiva la eficiencia del gasto público y la eficacia de políticas públicas ya implementadas y por implementar, brindando herramientas objetivas y mejor información para la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión estatal.

Propuesta 04

Contratos de transferencia de competencias a gobiernos regionales y municipios.

Esquemas legales y contractuales claros que establezcan las competencias a transferir y las capacidades y recursos, tanto financieros como humanos asociados a las competencias transferidas a los gobiernos regionales y municipales. Se deberá contemplar mecanismos de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas que permitan que esta descentralización sea al mismo tiempo efectiva y responsable, y que se traduzca en mejor calidad de vida en los gobiernos locales y subnacionales y no en un poder exento de fiscalización y control para caudillos locales.

Propuestas priorizadas

Algunas propuestas posibles:
En la Política

Propuesta 01

Umbral mínimo para acceder a escaños y nueva regulación de bancadas parlamentarias.

Implementar un umbral electoral que aumente las barreras de entrada para que nuevos partidos puedan tener representación parlamentaria. Esto debiese tener como contrapartida directa la reducción de partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, generar incentivos para la fusión de partidos existentes y un desincentivo para la creación de nuevos partidos políticos que no tengan diferencias programáticas relevantes con la oferta política existente.

Una medida como esta podría contribuir a reducir la fragmentación política, lo que a su vez debería reducir la fragmentación y facilitar las negociaciones y formaciones de acuerdos. La nueva regulación de bancadas parlamentarias propende a incentivar su acción colectiva.

Propuesta 02

Institucionalizar la participación de la ciudadanía y de las organizaciones intermedias en el proceso legislativo.

Utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación, garantizar la representatividad de las organizaciones intermedias que participen, procesar la gestión de información de forma masiva y generar una verdadera colaboración entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones.

Esto permitiría avanzar hacia una democracia cuyo foco no sea únicamente la eficacia, sino también la inclusividad y participación de la ciudadanía, fortaleciendo la confianza entre las personas y sus instituciones.

Propuesta 03

Creación de la Oficina de Finanzas Públicas y Evaluación de Impacto Regulatorio en el Congreso.

Crear una oficina especial en el Congreso Nacional, que apoye técnicamente a los parlamentarios y reduzca la asimetría técnica que hoy existe entre el Ejecutivo y el Legislativo como colegisladores y formuladores de políticas públicas.

Con esto se podría avanzar hacia un diseño más informado y efectivo de las leyes, que eche mano a la mejor información disponible y eleve el nivel de los debates legislativos. Además, no sólo mejoraría la calidad de la legislación, sino que se recuperaría  la confianza en el Congreso Nacional como espacio de toma de decisiones.

Propuesta 04

Establecer condiciones más exigentes para conformar partidos políticos.

Establecer criterios más estrictos para la formación de partidos políticos, tanto a nivel del número de firmas exigidas, como en lo que se refiere al fomento de proyectos políticos integrales, con presencia nacional y arraigo territorial. Esto permitiría no solo reducir la fragmentación, sino que avanzar hacia un sistema político más representativo, responsable y de mejor calidad.

Propuestas priorizadas

Algunas propuestas posibles:
En la Justicia

Propuesta 01

Creación de tribunales especializados de ejecución de penas y separación del rol de reinserción.

Crear tribunales especializados en la ejecución de penas, que garanticen una adecuada separación entre los roles de reinserción y sanción.

Asimismo, la segmentación de la población privada de libertad permitirá una mejor administración penitenciaria y mayor justicia en el cumplimiento de las penas, favoreciendo la rehabilitación y la integración social.

Propuesta 02

Creación de una Comisión de Nombramientos que oficie como un Sistema de Alta Dirección Pública en sede judicial.

Crear una Comisión de Nombramientos que garantice procesos de selección transparentes y meritocráticos para los jueces.

Con esto se podría distanciar las labores administrativas de aquellas ligadas directamente a la labor jurisdiccional del Poder Judicial. Esto fortalecerá la independencia judicial y la confianza ciudadana en un sistema de justicia que está cada vez más tensionado y criticado.

Propuesta 03

Reforma que racionalice la acción de protección redirigiendo las contiendas judiciales a sus procedimientos naturales.

Reformar la acción de protección para redirigir las contiendas judiciales a sus procedimientos naturales, descomprimiendo la sobrecarga que produce el abuso de la acción de protección como instrumento para resolver conflictos de otra índole.

Esto permitirá que los casos sean tramitados de manera más eficiente y especializada, reducirá la incertidumbre de que conflictos especializados se conozcan bajo un prisma constitucional, mejorando el acceso a la justicia y garantizando una resolución más adecuada para cada tipo de conflicto. Esto debe ir acompañado de la consagración de acciones, procesos y orgánicas administrativas que se hagan cargo de los conflictos que actualmente se canalizan a través de este tipo de acciones.

Propuesta 04

Creación de un servicio nacional de acceso a la justicia y la defensoría de víctimas de delitos.

Crear un servicio nacional que facilite el acceso a la justicia y proteja a las víctimas de delitos que .  fortaleciendo la equidad en el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables, y garantizando una atención adecuada y oportuna a las víctimas.

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